Ciento cincuenta y seis años después, y a veintiséis años del último proceso militar,  se suceden acontecimientos que poco aportan a la democracia. Los últimos meses de la gestión del Gobierno Nacional, por no retroceder aún más, brindan garantías de que las instituciones son peligrosamente avasalladas. Nítidas muestras se vuelven evidentes al observar el funcionamiento del Congreso Nacional luego de sancionar en tiempo record, y obviamente sin el debido análisis, leyes que son trascendentales para el futuro desarrollo de la Nación: la ley de medios, la estatización de Aerolíneas Argentinas, la estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, y por último la controvertida reforma política. Sin embargo aunque estos ejemplos reflejan la obediencia del Poder Legislativo al Ejecutivo, un hecho sin precedentes aconteció en los últimos días, que avasalla aún más a la ya vapuleada República. El Poder Ejecutivo Nacional ordenó a la Policía Federal desoír una orden Judicial que instaba a realizar un desalojo en el sindicato de aeronavegantes; igual suerte sufrió el fallo que dispuso la restitución a su cargo, del ex procurador de Santa Cruz.